11º Aniversario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
11º año de su aniversario de aprobación Mundial
  
La Convención subraya que las personas con discapacidad no deben ser objeto de políticas de caridad sino que son sujetos de pleno derecho.
 
Por Luis Liendro
 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) es el primer tratado de Derechos Humanos del siglo XXI. Dado el “rango constitucional” con la que ostenta la Convención en la Republica Argentina, es un instrumento jurídico vinculante que está en un plano de igualdad con la Constitución Nacional, es decir, que cualquier Ley de la República Argentina que sea contraria a lo que establece la Convención resulta incompatible e inconstitucional y por tanto se la debe modificar y/o derogar; Esto significa, de acuerdo al Artículo 75º inciso 22º de la Constitución Nacional, que ninguna ley nacional o provincial y ningún decreto, resolución o disposición de las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales puede desconocer o dejar sin efecto el derecho de las personas con discapacidad, reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
 
Este año 2017, se cumplen 11 años de la aprobación de la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo” por la Asamblea General de la Naciones Unidas, la cual fue ratificada por unanimidad, por el Congreso de la Nación Argentina mediante dos Leyes Nacionales, en el año 2008, Ley Nacional 26.378  y en el 2014 se le otorga Jerarquía Constitucional en los términos del Articulo 75º Inc. 22 de nuestra Constitución Nacional a través de la Ley Nacional 27.044, promulgada el 11 de diciembre de 2014.  Por tanto, desde su entrada en vigor el 21 de mayo de 2008 está integrado al ordenamiento jurídico de la Republica Argentina y se la puede invocar ante cualquier tipo de autoridad política, judicial y/o administrativa.
 
El Estado en sí, está obligado y lo que debe buscar desde las más altas esferas gubernamentales y de ahí para abajo el estricto cumplimento jerárquico de todos sus articulados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y puntualmente los Artículos 8º, 12º, 27, 30º y 33º, (la mención de estos cinco artículos es meramente un visión personal, como pueden haber tantas otras visiones importantes de otros articulados de la Convención) conforme al status jurídico con que ostenta constitucionalmente la Convención, nuestro Estado tiene el deber de reconocer a las personas con discapacidad y de asegurarles los derechos axiomáticos que ya están implícitamente reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y quien suscribe, denomino a este instrumento jurídico como la “Ley Universal de la Discapacidad”.
 
La Convención hoy en día, es un instrumento jurídico que debe ser tomado como política de Estado a instrumentar y a implementar. Para mi opinión personal la Convención es el mejor Programa Nacional de Gobierno, para aplicar y poner en práctica su instrumentación concreta y así poder estar a la altura de los países más desarrollado, en calidad de vida y del respeto a la promoción de todos los derechos humanos.
 
La Convención en su artículo primero determina que las personas con discapacidad “incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. Rompe así con la definición clásica de la discapacidad, que situaba toda la “responsabilidad” de su desventaja social en las propias personas con discapacidad, proponiendo una nueva perspectiva con una doble dimensión: el individuo con discapacidad y la sociedad. De este modo, hace responsable a la sociedad de velar por que se incluyan todos los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad puedan ejercitar y disfrutar de sus derechos como el resto de personas. Este espíritu puede verse reflejado en todo el articulado de la Convención, que se basa en ocho principios rectores recogidos en su artículo tercero:
 
 
·         El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, en la que se incluye

·         La libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.

·         La ausencia de discriminación.

·         La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.

·         El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas.

·         La igualdad de oportunidades.

·         La accesibilidad.

·         La igualdad entre hombre y mujer.

·         El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
 
 

La Convención subraya que las personas con discapacidad no deben ser objeto de políticas de caridad sino que son sujetos de pleno derecho. Por tanto, los Estados Parte deben garantizarles el derecho a la vida, el acceso a la justicia, la libertad para elegir su residencia, la libertad de expresión, opinión e información y la educación inclusiva en todos los niveles, entre otros.

Podemos decir con autoridad justificada que desde nuestros equipos, fuimos la primera agrupación en re-instalar el tema de la discapacidad, en las esferas de la política Argentina, es decir en la dirigencia política nacional y en ese sentido opinamos, aportamos nuestro granito de arena, y sabemos lo que decimo y porque lo decimo. Desde nuestra organización venimos organizando, desde hace varios años, una serie de actividades vinculadas a generar conciencia, respeto, mas aun nuestro principal propósito siempre fue la “visibilización” de la temática de la discapacidad y observar el cumplimiento del mandato constitucional con lo que ostenta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en torno a varios Artículos específicos 8º, 12º, 27, 29, 30º y 33º, para que sean tenidos en cuenta y respetados por parte de los organismos gubernamentales y demás entidades no gubernamentales, en función de que estos articulados tienen un interés particular y por lo cual los hemos promovido durante todas nuestras campañas y porque algunos promueven específicamente y fomentan la participación y hacen a que las personas con discapacidad permanezcan involucradas y visible en la vida política y pública, entre otras cosas del país.

Es así, que cuatro meses antes que fuera sancionada y aprobada la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 de diciembre de 2006; En Argentina nuestro agrupamiento anoticiado del trabajo que se venía realizando del primer tratado de Derechos Humanos del siglo XXI de Naciones Unidas, nosotros aquí en Argentina meses antes, el 23 de agosto de 2006, emitíamos un petitorio por una serie de incumplimiento de normativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional, en sí, de todo el arco de organismos gubernamentales nacionales, provinciales y municipales, en ese sentido tuve la responsabilidad de redactar el petitorio que llevara el apoyo y firma de innumerables personas con discapacidad y de organizaciones civiles, dicho petitorio llevaba la firma testimonial de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y dicho documento fue presentado al Poder Ejecutivo Nacional (Presidente de la Nación Néstor Carlos Kirchner) el 23 de agosto de 2006, dichas actuaciones registran, Despacho Presidencial Nº 199956 y Ref: DE-184528-06-13. El Petitorio entregado en ese entonces, se dio a conocer por varios portales web de organizaciones no gubernamentales, como de algunos diarios locales de diversos municipios del conurbano bonaerense, estamos recordando lo que sucedía hace once años atrás.

Durante todo estos años que estamos recordando, se ha venido visitando y hemos sido invitados por numerosas organizaciones civiles, políticas, sindicales y gubernamentales, de casi todas las regiones del norte de nuestro país, llevando con entusiasmo la voz de sus derechos y promoviendo conciencia de los cambios que se deben realizar en torno al tema de la discapacidad, de forma constructiva y positiva, es así como nosotros, el equipo federal de amigos y amigas que tenemos en toda la Argentina seguimos y seguiremos aportando nuestro granito de arena, en la promoción y defensa de los derechos legítimos del colectivo que nos ocupa, junto a mi equipo histórico y seguiremos promocionando nuestro libros y escribiremos otros más. En la nueva cultura de inclusión que se viene, vamos a buscar que el tema de la discapacidad, no sea nunca más invisible.

©-Tus Derechos/2017. Queda permitida su reproducción total o parcial de este documento para fines pedagógicos y su concientización, mencionando su fuente de origen.

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